El procurador Alejandro Ordóñez lanzó este lunes duras críticas al acuerdo entre el gobierno y la guerrilla y solicitó que se corrijan "los términos del Acuerdo presentado el 23 de junio para asegurar que realmente las FARC desaparecerán como organización armada. No se puede admitir una falsa desmovilización y un falso desarme. El fin de las FARC debe ser para siempre".

Advirtió que este acuerdo "no garantiza la disolución definitiva de las FARC como aparato violento".

Según Ordóñez,  "el presidente Juan Manuel Santos le ha dado todo tipo de garantías de cumplimiento de los Acuerdos a las FARC, al punto de convertir a la Mesa de La Habana en una Constituyente. Nadie los eligió, ni les otorgo ese poder". 

El jefe del Ministerio Público se preguntó: "¿cuál es la garantía que las FARC dan a los colombianos de que no volverán a la violencia?" 

Ordóñez esgrimió tres razones fundamentales que se resumen en lo siguiente:

Primero. El texto del Acuerdo publicado permite que más de la mitad de las FARC no se desmovilicen. No obliga a las FARC a disolver la totalidad de sus aparatos violentos.

Segundo. El Acuerdo anunciado el 23 de junio de 2016 no garantiza la disolución definitiva de las FARC como aparato violento.

Tercero. El mecanismo de monitoreo y verificación no tiene mandato para establecer la verdad sobre el total de armas de las FARC.

Añadió que "un acuerdo de este tipo no se puede basar en la buena fe de las FARC y en la ingenuidad del Gobierno".

Finalmente dijo que la Procuraduría hará las observaciones posteriores con "respecto a las zonas de ubicación de guerrilleros armados, los derechos de los pueblos indígenas a la Consulta Previa y el derecho de los ciudadanos de esos municipios a expresarse en una consulta popular sobre si aceptan o no que se les impongan tales zonas".